- Éstas podrán intervenir en defensa de los consumidores o usuarios, controlando precios máximos y stock de productos.
- Utilizarán a los propios inspectores municipales para labrar actas de infracción y luego remitirlas a Defensa del Consumidor.
- El convenio fue firmado entre el Ministro de Industria, Comercio y Minería, y distintas localidades del interior, a las que se irán sumando otras en los próximos días.
En el marco de la situación de crisis socio sanitaria por la que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia por coronavirus, el Gobierno de la Provincia de Córdoba dispuso la descentralización operativa de las facultades de inspección a los municipios y comunas, para que puedan controlar los precios máximos y el stock de productos.
El convenio fue firmado por el ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello, con los municipios de Villa Allende, Malvinas Argentinas, Malagueño, Estación General Paz, Monte Maíz, Mi Granja, Pozo del Molle, Del Campillo, Cañada del Río Pinto y Oncativo, a las que se seguirán sumando más localidades en los próximos días.
De esta manera se amplía la capacidad de supervisión de la Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, ya que los Municipios y Comunas podrán intervenir de oficio en defensa del interés general de los consumidores o usuarios de la Provincia de Córdoba, en los términos del artículo 10 inciso “c” de la ley N° 10.247; controlando las situaciones de especulación, abusos de precios y desabastecimiento de algunos productos esenciales que se han reportado.
Los municipios y las comunas que suscriban el convenio con la Provincia, podrán usar para las tareas de inspección, a los propios inspectores municipales, quienes realizarán los procedimientos y labrarán las actas de infracción, que remitirán a la Dirección de Defensa del Consumidor, a fin de ser evaluadas y en caso de ser necesario se impongan las sanciones.
El Ministerio de Industria, Comercio y Minería brindará a los Municipios las capacitaciones necesarias, como así también la elaboración de instructivos, para la correcta aplicación de los procedimientos que se descentralizan.
