17/06/2020
Etel Capdevila
El 29 de marzo de 2017 se sancionó en el Congreso Nacional la Ley 27.350 que ¨tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud¨. El 22 de setiembre del mismo año fue publicada en el Boletín Oficial su reglamentación. Sin embargo, tres años después, sólo en la provincia de Jujuy y en el municipio bonaerense de Hurlingham se cultiva y procesa el cannabis con fines medicinales. Gracias a la resolución 50/2020 de la Comisión Comunal, el 16 de junio de este 2020, Villa Ciudad Parque se suma a la lista.
Son varios los motivos que impulsan a Villa Ciudad Parque a acogerse a esta Ley nacional, pero el presidente comunal Pablo Riveros Pablo pone en foco el más importante de todos: “Lo que nos motiva principalmente es la salud pública. Y me parece que estamos en un contexto interesante para hablar de este tema. El Covid 19 ha demandado que la sociedad vuelva a tener distintas interpretaciones sobre el rol del Estado y el rol de la salud pública. A mí me toca en este caso como jefe comunal hacerme cargo de una realidad que tiene mi lugar, mi comuna. Y esa realidad es que más de veinte familias utilizan el cannabis medicinal para mejorar su calidad de vida. Y que para conseguir ese aceite tienen que pasar por un montón de situaciones ajenas a la legalidad y me parece que eso no va más, hay que tomar cartas en el asunto, me parece que esto tiene otras aristas: tiene que ver con la ampliación de derechos, con la diversificación de la economía regional, con la generación de empleo, con el turismo post Covid, pero lo principal es la salud pública”.
“Nosotros estamos legislando en base a la Ley nacional (la 27.350) que la lograron un montón de madres, que todos los días tienen que dar pelea para que sus hijos puedan tener acceso al cannabis medicinal y mejorar la calidad de vida a un montón de personas que tienen enfermedades crónicas muy complicadas en algunos casos. También es un hecho político, porque el cannabis medicinal tiene una legitimidad social y científica pero le falta la legitimidad política. Y esta legitimidad política es la que uno tiene el deber de darle y sería interesante que la provincia también tome cartas en el asunto y adhiera a la Ley nacional”.
La generación de trabajo local también forma parte del mismo proyecto y por eso está habilitado también para privados, con ciertas condiciones: “que los empleados sean locales, que la medicina se distribuya en los centros de salud nuestros por lo menos y de la región y que no sea solamente un negocio para algunos sino que tenga que ver con la salud pública y la posibilidad de que esta medicina les pueda llegar a las familias más necesitadas y que podamos avanzar en una ampliación de derechos que tienen que ver con discusiones de este tiempo, de este 2020, que ya deberían estar por lo menos digeridas en la sociedad. Obviamente que es un tema que no causa simpatía en la totalidad de la población, pero sí me parece que es importante que se genere el debate y que éste es un buen momento para que las familias que consumen el aceite de cannabis todos los días se puedan expresar y puedan decir lo importante que es para ellos tener acceso al cannabis medicinal”.
Si bien la reglamentación contempla la eximición de tasas de comercio e industrias para los laboratorios, Riveros hace salvedades: “Tengo que dejar bien claro que cuando uno habla de laboratorios lo primero que se le viene a la mente es Monsanto, Bayer, Syngenta o cualquier tipo de laboratorio que pertenece a una multinacional. Pero un laboratorio científico puede ser el de una universidad nacional, del CONICET, del Ministerio de Salud, entonces cuando uno habla de laboratorios, cuando uno habla de privados, lo que está diciendo es que la actividad está permitida si uno tiene el permiso del ANMAT y del Ministerio de Salud. O sea que la comuna habilita a ejercer esa actividad, que tiene que traer beneficios a la comunidad, porque nuestra política central no es extractivista. Esa actividad puede ser mixta, privada, con beneficios hacia la comunidad o puede ser del Estado o comunitaria, que es hacia donde apostamos nosotros. Cuando se habla de eximición de impuestos es que a mí se me faculta para hacerlo, pero eso no quiere decir que sea una relación directa. Esta actividad, la del cannabis medicinal, como tiene que ver con la salud pública, es de interés comunal, entonces me faculta a mí para poder ejercer esa eximición, pero no quiere decir que la persona que venga estará eximida sí o sí sino que habrá que evaluarlo”.
Y además puntualiza: “Me parece que lo único que está obstruyendo esta ampliación de derechos es el negocio y esto hay que decirlo. Las multinacionales que están detrás de los patentamientos de todas las semillas, que son las mismas multinacionales que se quedan con los alimentos. Por eso es importante aclarar que con esta resolución no es que cualquier privado viene acá e invierte porque está esta resolución. Esto tiene que pasar por una factibilidad, no es que viene Monsanto o Bayer a invertir en cannabis medicinal y nosotros les vamos a decir ¨si, porque existe ésta resolución¨. No, no. Esto pasa por decisiones de Estado. El Estado es el único que puede mediar en una relación de desiguales, fundamentalmente cuando hablamos de economía”.
Acerca de la realidad de los casos en Villa Ciudad Parque expresa: “El relevamiento lo teníamos desde antes de asumir y hoy que estamos en el gobierno ampliamos la base de datos porque hay mucha gente que lo demanda en el dispensario (el aceite de cannabis). Porque efectivamente le hace bien a la vida. Le mejora su calidad de vida ¿y quién puede discutir algo cuando se mejora la calidad de vida de una persona que tiene una enfermedad? Hay enfermedades crónicas muy complicadas en nuestra región y en Villa Ciudad Parque en particular. Hay gente que tiene convulsiones. Chicos. Que pasaron de tener quince convulsiones diarias a tener cinco o seis. Una madre, cuando percibe eso en un hijo, inmediatamente sale a conseguir aceite de cannabis como sea, de la manera que sea. Y no podemos condenar a esa madre a la ilegalidad y más teniendo una responsabilidad de Estado. Eso me llama poderosamente a tomar este tipo de decisiones”.
Pablo Riverossigue poniendo énfasis en el rol del Estado para cumplir con la parte que le toca en esta problemática: “Hay dos sectores muy definidos que necesitan utilizar el cannabis medicinal, que son el sector de la tercera edad y los menores con algún padecimiento de salud fuerte. Y hay personas de la tercera edad con artritis reumatoidea, por ejemplo. Y vos ves que el aceite de cannabis les alivia los dolores. Es realmente muy funcional para la vida. En el 2020 hay que poner manos a la obra. Esto ya está todo definido. La ciencia ya lo determinó, la sociedad ya lo aceptó en su mayoría. Me parece que la política lo tiene que ordenar. El Estado lo tiene que ordenar y darle para adelante”.
Cuando se habla de un tema de salud no debería haber prejuicios, pero cuando se habla de cannabis parece que esta regla no se aplica. Salen a la luz los tabúes. Pero eso es lo que son, y no se corresponden con la realidad. Pablo resalta también este punto: “La mayor cantidad de gente de Villa Ciudad Parque que utiliza en su vida el cannabis medicinal no es consumidora recreativa del cannabis. Eso me parece que es importante recalcarlo”.
La salud pública debe cumplir el propósito para la cual fue creada, que es lisa y llanamente el bienestar de la ciudadanía. Y la ilegalidad en torno a la salud pública es un contrasentido: “Hay que sacar de la ilegalidad a algo que tiene que ver con la salud pública. Ahí está el punto clave que nos motiva a hacer esto. Después todo lo demás me parece que suma. El factor fundamental que a nosotros nos motiva para hacer esto es la salud pública”.
