El Gobierno lanzá el programa Acercar Derechos con el objetivo de dar respuestas integrales a las necesidades de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en situación de violencia por motivos de género. Es una política de cercanía que buscará fortalecer el acceso a derechos y al sistema de Justicia con una perspectiva interseccional e intercultural. Entre los objetivos se encuentran el acompañamiento psicosocial, asesoramiento legal, facilitar la comprensión de los procesos judiciales, realizar presentaciones en expedientes en trámite, mitigar el impacto de las violencias en los ámbitos sociales y emocionales, facilitar el acceso a las distintas iniciativas del Estado y acompañar en la realización de diversos trámites y gestiones.
El programa integrará 80 equipos a nivel federal pero se lanzará hoy con 25 funcionando, sumados a coordinadoras provinciales. Según la conflictividad territorial, avanzarán con la ampliación de esos equipos. Buscarán que tenga un anclaje territorial, que permita recorrer las provincias y articular con áreas provinciales y municipales. “Lo que buscamos es que se fortalezcan las respuestas del Estado, a dar mecanismos y generar los procedimientos que sean necesarios”, dijo la funcionaria en una ronda con periodistas.
Así, la implementación será en etapas con un monitoreo y evaluación periódica “para saber dónde es necesario reforzar y con qué cantidad de equipos”, detalló Florencia Sotello, directora Nacional de Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en casos de Violencia por Motivos de Género. Son “equipos pensados desde una lógica de movilidad. Que no sean las mujeres las que tienen que acercarse sino que también se pueda hacer a la inversa. Va a existir una sede pero va a haber mails y el Whatsapp de la línea 144 para poder hacer una bajada más ordenada de las situaciones que ingresan”, agregó.
La idea, sostuvo Laurana Malacalza, subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género, es “que los equipos estén en los lugares donde están las personas en situación de violencia de género. Que se de respuesta y se vayan construyendo articulaciones entre los distintos niveles del Estado para poder dar respuesta” porque “nunca la salida de una situación de violencia de género es individual, es colectiva”.
El objetivo es que el Estado “acompañe el acceso a derechos y el servicio de administración de Justicia” porque “las dificultades están vinculadas a que las personas atraviesan el proceso muchas veces en soledad, sin el acompañamiento del Estado”, dijo Malacalza. Así, se buscará que la persona en situación de violencia por motivos de género sepa en qué consiste el proceso judicial, cuáles son los obstáculos y qué pueden esperar de él. “La idea es que los equipos jamás busquen la revictimización”, apuntó Kelly.
Pero además apuntarán a enfocar la garantía de otros derechos como son el cuidado de niños y niñas, el acceso a una vivienda o programas de desarrollo social, porque la Justicia es “uno de los derechos fundamentales pero no el único que está vulnerado frente a situaciones de violencia de género”.
Muchas veces, las personas víctimas de violencia de género deben abandonar sus hogares sin nada encima y sin un lugar dónde ir. No todas tienen familiares, amigos o compañeros que las puedan albergar por lo que la respuesta del Estado es fundamental. Sobre este punto, y ante una consulta de El Destape, Malacalza explicó que trabajan en “generar criterios en los institutos de vivienda” de cada localidad “para personas en situación de violencia de género porque es algo que no venía habiendo”.
En ese contexto, la reglamentación del alquiler social es fundamental. Un punto que aún no tiene su guía de funcionamiento y que forma parte de la ley sancionada el año pasado. No se trata sólo de esperar que se desocupe una vivienda sino también de generar soluciones. Además, desde el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades hicieron foco en el avance de líneas más concretas de llegada a la cartera que conduce Elizabeth Gómez Alcorta porque hay personas que necesitan “una respuesta inmediata”. “Algunas provincias tienen líneas de financiamiento específico pero no es suficiente y se trabaja con el ministerio de Hábitat para avanzar y dar respuestas”.
El Programa Acercar Derechos (PAD) es una política para fortalecer el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia a través de acompañamiento integral e intercultural en todo el país.
Es un programa integral porque implica trabajar de manera coordinada en los distintos niveles del Estado y con organizaciones sociales y comunitarias, reconociendo las particularidades y dinámicas que adquieren las violencias de género en los distintos territorios.
Consiste en equipos integrados por profesionales de la abogacía, la psicología y el trabajo social que están en todo el territorio nacional para:
- Brindar acompañamiento psicosocial a mujeres y LGBTI+ que se encuentren en situación de violencia de género.
- Contribuir a revertir el impacto que tienen las violencias en los ámbitos sociales y emocionales de las personas.
- Facilitar el acceso a distintos programas y políticas del Estado Nacional y de los Estados Provinciales.
- Acompañar a las personas en la realización de trámites y gestiones para acceder al ejercicio de sus derechos.
- Brindar asesoramiento legal y acompañamiento jurídico.
- Facilitar la comprensión del lenguaje y los procesos judiciales.
- Realizar presentaciones judiciales en procesos que ya estén en trámite cuando existan obstáculos para el acceso a la justicia de mujeres y LGBTI+.
EL mail de contacto en Córdoba para realizar consultas: padcordoba@mingeneros.gob.ar
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
