Más de 20 trabajadoras de las agencias territoriales de Córdoba y Rio Cuarto del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS) hicieron pública la situación de vulneración a la integridad física a la que se ven expuestas todos los días, ya que desde Agosto deben compartir las instalaciones con un trabajador denunciado por ellas en 2015 debido a violencia machista, acoso y violencia física. Las trabajadoras vulneradas exigen que la persona sea reubicada en otra sede y solicitan cambios que introduzcan la perspectiva de género en todos los convenios colectivos de trabajo del país. Esperan reunirse en audiencia con el Ministro de Trabajo de la Nación Claudio Moroni y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Reclaman acompañamiento de las conducciones regionales y nacionales de ATE.
María Sotti es trabajadora del Ministerio de Trabajo de la Nación, ex delegada de ATE Córdoba, actual Secretaria de Actas y Directora del departamento de Géneros y Diversidades del CDP ATE Córdoba y una de las denunciantes que en 2015 iniciaron un camino administrativo interno contra un trabajador de la misma sede cuando ejerció violencia física contra una trabajadora y luego de acosar y hostigar durante años a más de 20 compañeras. Seis años después, debido a los “vericuetos de la administración pública nacional” y al ser desvinculado del organismo sin motivos por la gestión macrista y sin una resolución del acta sumarial elevada en su contra por lo ocurrido, pudo volver a concursar como planta permanente y acceder a su antiguo trabajo sin que sus antecedentes sean tenidos en cuenta. En diálogo con “Aquelarre de los Martes” cuenta con detalle cual es la situación que está viviendo en la actualidad el conjunto de trabajadoras y trabajadores de la sede de la ciudad de Córdoba.
María cuenta que la persona está compartiendo espacio físico con el resto de la planta de trabajadoras y trabajadores, desde el pasado 1 de agosto: “el jefe local ha logrado ponerlo en otro espacio físico, un subsuelo, donde está la sala de reuniones, la sala de capacitaciones y donde se guardan cuestiones de depósito, que se supondría que no tendría contacto con el conjunto de los trabajadores”. Sin embargo, “un montón de compañeras que fueron afectadas, como compañeras que no han sido violentadas se cruzan a diario con esta persona.”
“No estamos contando con ningún protocolo para que víctimas y victimarios no estemos en el mismo espacio físico, cuando existe el Ministerio de Trabajo, el órgano ejecutor del Convenio 190 de la OIT que expresa justamente la erradicación de la violencia y el acoso laboral resulta paradójico que tengamos esta situación en el Ministerio de Trabajo, sede Córdoba.”
En diciembre del año pasado, el Congreso de la Nación aprobó la ratificación del Convenio 190* de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, bajo la ley N° 27.580. La norma reconoce a las mujeres como las más expuestas a la violencia y al acoso laboral y quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, se aplica en ámbitos públicos y privados en ámbitos de economía formal e informal sin importar la clase de relación contractual laboral y proporciona un marco claro para la adopción de medidas que puedan forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso.
“ Lamentablemente si bien existe esta normativa en Argentina, el «Convenio 190″*, desde junio de este año es ley, claramente la efectivización de eso y el armado de protocolos hacia el interior de las instituciones dista mucho de lo que se promulga en las cuestiones discursivas porque en los hechos nuestro convenio colectivo de trabajo es bastante viejo y carece de perspectiva de género y en ese sentido quedamos desprotegidas las trabajadoras ante la presentaciones administrativas y legales que hemos hecho pero nos han rechazado porque nos alegan de que rige el principio de inocencia y del debido proceso, cuando “no pueden conectar” este antecedente que tuvo la persona cuando ejercía la función pública, por más que se archivó. Lo dan como cosa juzgada, como si hubiera sido un sobreseimiento cuando en realidad tendría que bastar en el caso de violencia de género, la inversión de la prueba y que no tendríamos que estar buscando las trabajadoras pruebas, o esperando que nos ataquen o que tengamos que ser nuevamente objeto de acoso o violencia para volver a presentar otra acción para ser protegidas en nuestros derechos. Acá estamos hablando de la integridad de la vida del conjunto de las trabajadoras del sector.”
La revictimización a la que hoy están expuestas las trabajadoras por parte del Estado es posible sólo si: “Lo que a nosotras nos resulta paradójico es que habiendo 37 organismos en la provincia de Córdoba, se tenga que exponer al conjunto de las trabajadoras a tener que trabajar y desempeñarse a diario con alguien que acosó y violentó. Más allá del hecho puntual que ya sucedió hasta 2015, hoy el Estado está fallando. El Estado es quien a través de estas grietas que todavía no se salvan, hacen que los machismos y los pactos patriarcales de las instituciones, no permitan el avance de las normativas vigentes en el país.”, aseveró.
Esta grave situación no es un hecho aislado: “Hicimos un plenario de trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Trabajo de todo el país y saltaron casos de Chaco, de Salta, de un montón de otras provincias que dentro del mismo Ministerio en las agencias territoriales los casos se terminan archivando, no los terminan resolviendo. Siempre a favor de los pactos patriarcales y de instituciones más rancias que deberían velar por los derechos del trabajo y deberíamos ser los primeros en cumplir las normativas nacionales e internacionales en materias laborales. Pero bueno, estamos en esta lucha, así que, imaginate. Si somos el parámetro de la regulación del trabajo, ¿qué esperamos para los otros ámbitos laborales en Argentina, no?”
“En marzo de este año nos avisan que estaba la posibilidad del regreso de esta persona. Cuando nos enteramos no podíamos quedarnos de brazos cruzados para que nos digan simplemente “no se puede hacer nada”, como la mayoría de las llamadas telefónicas de abogadas y abogadas laboralistas nos planteaban de que “estas son las leyes en Argentina, rige el principio de inocencia, el debido proceso no se puede conectar, el convenio colectivo no lo permite. Pero claramente no había una respuesta oficial. Por eso buscamos que las presentaciones (realizadas por quien les habla, como Directora del departamento de Géneros, y que se hicieron desde ATE Córdoba hacia el área de Recursos Humanos del nivel central) pidieran que, si hay “un lado de la biblioteca” que se basa en el principio de inocencia, también haya “otro lado de la biblioteca” que establece que tiene que avanzarse con los derechos de las compañeras y cumplirse el Convenio 190. Hoy es parte de la Constitución de nuestro país. Cuando un tratado internacional es ratificado por Argentina, permite que tenga rango constitucional ese convenio internacional, más cuando se trata de derechos humanos pero esa “parte de la biblioteca” se la olvida a la hora de expresarse el área de recursos humanos a favor de las trabajadoras”.
María es clara: “Acá hay 20 trabajadoras que hemos sido víctimas, así fuera una ya debería bastar el accionar del estado para intervenir, pero esto ya ha tomado gran envergadura porque se trata del conjunto de trabajadoras que están buscando solucionar de manera individual: adelanto de vacaciones, pedidos de licencia de algún tipo y todavía tenemos algunos cuestionamientos de que se usa de manera política, poniendo en cuestión lo que significa haber sido víctima del acoso y la violencia de género.”
Las compañeras afectadas iniciaron un camino de encuentros y acuerdos asamblearios que además se convirtieron en espacios de contención y autocuidado. De esta manera encontraron la fortaleza para enfrentar juntas este nuevo escenario donde es urgente visibilizar y tener una respuesta política: “La idea de las asambleas que se estuvieron haciendo es ampliarlas a no víctimas, porque siempre fueron bastantes cuidadas, entre compañeras, compañeras sororas, porque también cuidar el espacio de nosotras es muy importante, es primordial. Vamos conquistando de a poquito escalones y en ese sentido con los distintos mandatos de asamblea, han ido contribuyendo a la consolidación de pedir una audiencia con el ministro por las vías que sean».
Y agrega: «Entendemos que la salida política es la que nos queda, agotadas las vías administrativas y legales. Creemos en el poder y en un gobierno progresista que falle a favor de las trabajadoras y que podamos avanzar en una reforma del convenio colectivo de trabajo, que tenga perspectiva de género, que tenga un protocolo que permita accionar en estos casos. Y también ir a la ONEP, que es el organismo que revisa cómo los agentes del Estado ingresan, concursan, porque esto tiene que ser no sólo para nuestro sector de trabajo, sino para el resto de los convenios colectivos que están en el país a nivel nacional.”
Mientras esperan que, después de seis años, la perspectiva de género siente precedente en su caso, cuenta cómo afrontan emocionalmente el día a día: “Para el conjunto la salud mental y la salud física, ya en algunos casos se han afectado. La cuestión es acompañarnos, prácticamente todas las semanas estamos en comunicación, nos contenemos, nos damos fuerza porque frente a tanto atropello, no queda más que la sonoridad de clase y de género en este caso, para contenernos y salir adelante, porque así las luchas en la organización y la unidad, han conquistado derechos.”
María es politóloga y dirigente sindical feminista de ATE. Cree en el poder trasformador de las trabajadoras organizadas y la sensibilidad de quienes conducen sindicatos. Por esto, apuesta al acompañamiento de la estructura sindical nacional y provincia que nuclea a las, les y los trabajadores del Estado: «Estamos esperando la respuesta de ATE Nacional y del CDP de Córdoba, de un pedido formal de audiencia que si bien lo puede hacer el cuerpo de trabajadores, no tiene la contundencia que tendría que tener si hay un acompañamiento de las conducciones regionales y nacional. Ojalá que como organización sindical podamos estar a la altura de las circunstancias para generar precedente para el conjunto de las trabajadoras. Sabemos que las organizaciones sindicales tienen una gran deuda con el conjunto de las mujeres y las diversidades y creo que este es el momento para ser bisagra y ser un quiebre de marcar la diferencia o no, eso se definirá en estas semanas, ojala que este del lado de las trabajadoras.»
«Acá no estamos planteando un nuevo punitivismo ni mucho menos. No es que estamos pensando que la resolución es que esta persona se quede sin trabajo, sino que claramente se respete la integridad y la vida, que no pueden estar victimas y victimarios en un mismo espacio laboral y que claramente se tiene que avanzar en un sentido de reparación.»
«Nosotros estamos pidiendo la intervención de la OIT ya en esto, porque si el Ministerio ha fallado en todas sus intervenciones allá en 2015 y vuelve a fallar en esta instancia, claramente necesitamos una acción reparadora que venga de una entidad que tenga las herramientas para hacer ese proceso de concientización y capacitación, porque mucha » Ley Micaela», cursitos virtuales, pero no alcanza y no llega a lograr la sensibilidad que necesitamos de al menos los 90 trabajadores de las sedes de Córdoba y Río Cuarto.
Al finalizar la entrevista, desliza una frase que dentro del amplio y diverso movimiento feminista es un lema que nos entrelaza: «Tejer redes feministas es lo que va a permitir las conquistas y el avance de todas y todes.»
La grave situación sucede porque se encuadra en una lógica administrativa, legal convencional que hoy resulta obsoleta ya que al no contemplar la perspectiva de género, es decir, al no reconocer y respetar los derechos humanos básicos de mujeres y otras diversidades que sufrieron acoso y violencia en su ámbito de trabajo, vuelve a vulnerar y poner en situación de riesgo de vida a mas de 20 trabajadoras y trabajadores. Sin respuestas institucionales y legales decidieron hacer pública esta situación a través de un documento emitido por las asambleas de trabajadoras de las sedes Córdoba y Rio Cuarto, donde manifiestan explícitamente cual es su objetivo:
“Frente a esa situación, las trabajadoras del MTEySS en sus dos sedes (Córdoba Capital y Río Cuarto) nos convocamos en una nueva asamblea el pasado 26 de agosto y se ha vuelto a solicitar a les delegades de ATE que motoricen a través del Departamento de Géneros y Diversidades del CDP ATE Córdoba un pedido de audiencia para que podamos ser escuchadas por el ministro de Trabajo Claudio Moroni y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Se debe avanzar en un abordaje que garantice la modificación de la situación de vulneración de derechos de las trabajadoras. La audiencia que solicitamos deberá contar con la presencia de la voz de las compañeras afectadas además de la representación gremial definida por las trabajadoras.”
Por el momento, la única respuesta es un abrumador silencio institucional y de las planas mayores del sindicalismo.
Si te querés sumar respaldando la denuncia y reclamo que realizan las trabajadoras este es el link para sumar adhesión: https://www.change.org/p/ministerio-de-trabajo-empleo-y-seguridad-social-de-la-naci%C3%B3n-las-trabajadoras-del-mteyss-en-c%C3%B3rdoba-pedimos-se-cumpla-convenio-190-oit-en-el-organismo?recruiter=1223828631&recruited_by_id=506b7050-091e-11ec-aeaa-c13131831616&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=petition_dashboard
Podes leer el comunicado completo en https://atecordoba.org/?p=27710
*Convenio 190 – OIT: “El Convenio 190 y la Recomendación 206 de la OIT fueron aprobados en junio de 2019 durante la última Conferencia Internacional del Trabajo, en Ginebra (Suiza), por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros de la organización. Se trata de la primera norma que logró el consenso necesario para aprobarse en los últimos ocho años y, del mismo modo, el primer instrumento presentado por la OIT en su segundo siglo de existencia. (…) La norma proporciona un marco claro para la adopción de medidas y brinda la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso. Si bien las definiciones de “violencia” y “acoso” varían de país a país, la OIT adoptó un enfoque práctico y definió esos conceptos como “un conjunto de comportamientos y acciones inaceptables” que “tengan por objeto provocar, ocasionen o sean susceptibles de ocasionar, daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos”. De ese modo, se abarcan el abuso físico o verbal, la intimidación y el hostigamiento, el acoso sexual, las amenazas y el acecho, sin perjuicio de otros actos. Asimismo, la norma contempla que el trabajo no siempre se realiza en un lugar físico específico y, por lo tanto, sus disposiciones abarcan las comunicaciones profesionales, en particular las que tienen lugar mediante las TIC. Para mayor información sobre el nuevo convenio, puede consultarse de manera gratuita la publicación Eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, así como las cinco preguntas esenciales sobre el tema contestadas por Shauna Olney, directora del Servicio de género, igualdad y diversidad de la OIT.”
Fuente: Sitio Oficial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_737357/lang–es/index.htm
Una respuesta a “Revictimización y Violencia Machista en el Ministerio de Trabajo de la Nación Sede Córdoba”