Hace 24 años las mineras entraron a Andalgalá cuando llegó Minera Alumbrera (hoy en manos de las multinacionales Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) con la promesa de trabajo, desarrollo local y cuidado del ambiente.
Desde hace once años los vecinos de la localidad enfrentan a Minera Agua Rica (de las trasnacionales Yamana Gold, Glencore y Newmont), que impulsa una explotación tres veces más grande que Alumbrera, con el agravante de estar ubicada mucho más cerca de la ciudad (17 kilómetros) y donde nace el río que alimentan de agua a la región.
Todos los sábados, desde hace once años, se marcha por las calles de Andalgalá denunciando el accionar de las mineras, por el cuidado del agua y contra el extractivismo. En particular, se insiste en el rechazo al proyecto Agua Rica.
El sábado 10 de abril la marcha se convocó en medio de un supuesto rebrote de Covid-19 que “casualmente” se anunció días antes. Nadie dijo nada acerca de que en esos días las maquinarias se estaban trasladando a 700 metros del glaciar en el cordón montañoso El Aconquija.
Cuando la marcha pasó por las oficinas de Minera Agua Rica, un pequeño grupo (con rostros tapados) comenzó a patear las puertas e ingresó. A los pocos minutos se desató un incendio que se mantuvo por horas. Las puertas de dichas oficinas no estaban cerradas con llave y los bomberos, que están a una cuadra, no actuaron.
Entre el lunes 12 y el martes 13 de abril fueron detenidos por el hecho 12 vecinas y vecinos, algunos (pero no todos), integrantes de la Asamblea El Algarrobo, que lucha contra la minería a cielo abierto. Muchos de ellos vieron sus casas violentadas, sólo les patearon la puerta y entraron, y a otros los detuvieron en la calle. Algunos más se presentaron voluntariamente en la comisaría para evitar este mal trago… y también quedaron detenidos.
Las condiciones de hacinamiento e insalubridad llevaron a uno de los detenidos a calificar la detención como “medieval”.
Conocidos los allanamientos y detenciones, comenzaron a llegar respaldos de numerosas asambleas y organizaciones de todo el país.
Las amenazas tampoco estuvieron ausentes. A una de las mujeres que, luego de unos días, estaba en la capital de Catamarca recogiendo firmas para la liberación de los detenidos, se le acercó un matón para decirle: “tengo una bala para cada uno de ustedes”.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) denunció el conflicto de intereses de la fiscal Soledad Rodríguez, quién tiene una posición claramente expresada por ella misma de corte “pro-minería” y años atrás ejerció como abogada para la empresa Minera del Altiplano, que explota litio en Catamarca y Salta.
Ni trabajo, ni desarrollo local ni cuidado del ambiente. Palos, persecución y amenazas.
Etel Capdevila
Ana Chayle, vecina e integrante de la Asamblea El Algarrobo, dialogó con Radio Comunitaria El Brote para brindar un panorama de lo que se vive en estos años en Andalgalá y lo acontecido estas últimas jornadas de violación absoluta de los derechos humanos.
